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Colaborar con la Fundación

  1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

  La Responsabilidad Social Corporativa es una nueva estrategia corporativa, que consiste en el compromiso de las empresas, mediante la aplicación sistemática de recursos, para respetar y promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del ambiente. Este compromiso se traduce en acciones concretas que buscan el beneficio de todos los actores involucrados en la empresa (accionistas, trabajadores, proveedores, distribuidores y la comunidad en su conjunto), alcanzando un mejor desempeño y logrando su sostenibilidad y la de su entorno.

  De este modo, se logra, a su vez, las siguientes ventajas (beneficios de las actividades de Responsabilidad Social Corporativa) para la empresa:

  1. ASENTAMIENTO DE LA EMPRESA EN SU ENTORNO SOCIAL, PRODUCIÉNDOSE UNA IMAGEN POSITIVA DE LA MISMA.
  2. INCENTIVOS FISCALES, como se recoge en la actualidad en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

  Una posibilidad de ejercicio de la Responsabilidad Social Corporativa es la COLABORACIÓN CON FUNDACIONES Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS, como la FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO, determinándose dos fórmulas contempladas en la Ley:

  • APORTACIONES DE BIENES O DINERO que la empresa realiza a favor de la Fundación, por las que disfruta de una DEDUCCIÓN EN LA CUOTA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
  • FIRMA DEL LLAMADO CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL (acuerdo entre la empresa y la entidad no lucrativa, por la que la primera se obliga a realizar una aportación que permita a la segunda desarrollar sus objetivos o realizar alguna actividad específica, siempre de carácter desinteresado), por el cual la empresa tiene derecho a exigir a la entidad no lucrativa la DIFUSIÓN DE SU NOMBRE COMO COLABORADORA EN LA REALIZACIÓN DE LOS FINES DE LA ENTIDAD. Esta es una figura que, sin ser publicitaria, da a conocer el nombre de una empresa que participa en la realización de actividades de interés general, uniendo así su imagen empresarial o marca a una entidad no lucrativa y trasladando a la sociedad la convicción de que es una empresa responsable con la que merece la pena contratar y mantener relaciones comerciales.

  Las consecuencias fiscales son prácticamente las mismas que en el caso anterior, DEDUCCIÓN EN LA CUOTA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES. Igualmente, la Ley citada anteriormente, añade la posibilidad de que la empresa participe en la realización de los “Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público”, por los que se ofrece generosos incentivos fiscales a cambio de la participación de las empresas en la ejecución de los mismos.

 

   2. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA CONTRATACIÓN.

   El artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, determina que las empresas con cincuenta o más trabajadores están obligadas a contar entre ellos, al menos, con un 2% de trabajadores discapacitados, obligándose, en casos excepcionales y si no cumplen lo anterior, a aplicar las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente, contando siempre con la conformidad del Servicio Canario de Empleo.

   En este sentido, el procedimiento se regula en la Orden de 24 de julio de 2000, por la que se regula el procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores, reguladas por el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero.

   Las causas de excepcionalidad son:

  • Exista la imposibilidad de contratar, certificada por las Oficinas de Empleo, debido a la inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la ocupación indicada o, aún existiendo, cuando acrediten no estar interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas en dicha oferta.
  • Existan dificultades, acreditadas por la empresa, de carácter productivo, organizativo,
    técnico o económico que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores discapacitados a la plantilla de la empresa. Las empresas obligadas deberán solicitar a los servicios públicos de empleo competentes la declaración de excepcionalidad con carácter previo a la adopción de medidas alternativas.

   En el supuesto de encontrarse en una de estas causas de excepcionalidad citadas, las MEDIDAS ALTERNATIVAS, que las empresas podrán aplicar para cumplir la obligación de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad, consisten en:

   1. CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO MERCANTIL O CIVIL CON UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO es un Centro Especial de Empleo), o con un trabajador autónomo discapacitado, para:

  1. El suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipos, o de cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.
  2. La prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.

   2. REALIZACIÓN DE DONACIONES Y DE ACCIONES DE PATROCINIO, siempre de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea UNA FUNDACIÓN O UNA ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo en favor de personas con discapacidad que permita la creación de puestos de trabajo para aquéllas y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo.

   3. CONSTITUCIÓN DE UN ENCLAVE LABORAL, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO CON UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. Los enclaves laborales facilitan la transición desde el empleo protegido en un Centro Especial de Empleo al empleo ordinario en la empresa colaboradora, configurándose como una subcontratación de obras o servicios entre ellos.

   Así, se dispone en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.

   Del mismo modo, el artículo 4 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, establece la obligación de contratar trabajadores con discapacidad y la excepción en casos puntuales, debiendo cumplir así con las medidas alternativas citadas anteriormente, al remitirse este Real Decreto a la Ley 13/1982, de 7 de abril.

 

   De este modo, la colaboración con la Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado se presenta como una óptima opción para el cumplimiento de las medidas alternativas impuestas por ley y determinadas reglamentariamente, como una oportunidad de formalizar la responsabilidad social corporativa y, en mayor medida, como posibilidad de cooperar con un fin social tan importante, como es el transporte de personas con movilidad reducida.

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